En concreto, el proyecto de ley de acceso justo al hábitat dispone la "contribución obligatoria" de entre el 10% y el 33% de las tierras de countries , clubes de campo, barrios cerrados, cementerios privados o shoppings que se instalen de aquí en más en este territorio.
La nueva imposición afectará también a todos los propietarios de tierras o inmuebles alcanzados por la valoración inmobiliaria generada a partir de una ordenanza municipal, como la incorporación de área urbana a un área rural, el establecimiento o la modificación del régimen de usos del suelo o la zonificación territorial y la ejecución de obras públicas.
El proyecto, girado al Senado, suscitó debate en la Cámara baja provincial, donde el Frente para la Victoria finalmente logró dos tercios de los votos necesarios para aprobar la iniciativa. La Cámpora -principal impulsora del proyecto- movilizó a la Legislatura militantes que coparon los palcos.
El proyecto, que fue consensuado por los diputados Alicia Sánchez y Alberto España (FPV) y Marcelo Saín, de Nuevo Encuentro, establece que los desarrollos inmobiliarios de superficies superiores a 5000 metros cuadrados "cederán como pago a cuenta de la determinación definitiva, sujeto a cómputo de equivalencia y valorización final" el 10% de la superficie total de los predios afectados o su equivalente en dinero o suelo urbanizable.
"Hicimos cambios y reformas. Pusimos un tope para la cesión de tierras, fijado por la Corte en el 33%, para que esta contribución no sea confiscatoria", informó a LA NACION el diputado España, de La Cámpora. "Nos tocó hablar con los desarrolladores inmobiliarios. Ellos se mostraron conformes porque encontraron garantías para invertir", afirmó en el recinto.
El proyecto crea un registro de villas y asentamientos precarios que tendrá por finalidad relevar y estudiar de modo detallado su ubicación, características y condiciones. Además, autoriza a la relocalización de villas y asentamientos de acuerdo con "las necesidades de ordenamiento urbano, hacinamiento de hogares o factores de riesgo social, hidráulico o ambiental".
"En la región metropolitana hay mil villas. Varias de ellas llegaron para quedarse para siempre, como la Puerta de Hierro, en La Matanza" argumentó la diputada Sánchez. Y agregó: "En la provincia viven 15 millones de personas. De éstas, dos millones tienen problemas habitacionales".
El proyecto del kirchnerismo dispone que los municipios deberán establecer en forma explícita zonas especiales y reservas de tierras en predios vacantes u ocupados, con la finalidad de asegurar las condiciones legales para la puesta en marcha de procesos de regulación urbana y dominial.
El proyecto de ley crea, además, el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, integrado por legisladores, ONG, colegios profesionales, representantes de los municipios, de universidades y de la autoridad de aplicación. La integración de este consejo es ad honórem, pero sus miembros recibirán viáticos para cumplir con el mandato, que durará dos años.
El proyecto recibió críticas desde la oposición. El bloque Celeste y Blanco no avaló la norma al afirmar que el proyecto "viola el artículo 17 de la Constitución nacional" y que en la provincia hay gran cantidad de tierras que hay que dotar de infraestructura para la construcción de nuevas viviendas. Los diputados Mónica López, Gonzalo Atanasof, Fernando Rozas, Guillermo Britos, María Elena Torresi y Mauricio D'Alessandro sostuvieron esta postura.
Desde un sector minoritario del radicalismo también se objetó el proyecto por considerar que "afecta libertades individuales y vulnera la Constitución", dijo a LA NACION Aldo Mensi, que se retiró ofuscado antes del inicio de la sesión y aseguró que "hubo aprietes de La Cámpora para presionar la aprobación".
La Cámara baja también giró al Senado un proyecto de ley que establece la cesión de terrenos provinciales para ser destinados a los entes fiduciarios creados para la construcción de viviendas familiares a través del programa nacional Procrear. Este proyecto prevé que los inmuebles sin uso específico y aptos para la construcción de viviendas sean desafectados para la implementación de dicho programa.
Fuente La Naciòn
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